No a la prensa que cuestiona

Por Serafín Valencia
Catedrático y Periodista
Departamento de Comunicaciones y Cultura
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA)

El periodismo siempre termina raído después de las campañas electorales, unas veces por dar rienda suelta a su ideología y otras por sacar su valentía para cuestionar a las fuentes políticas, develarlas para que el público las conozca bien y sepa a quién elegir, a quien no y porqué. Así ha sido siempre y así seguirá.

En el último proceso electoral, los aspirantes a la presidencia no solo han mostrado sus ofertas de campaña, sino también los signos de autoritarismo. El periodismo y su función de controlar provocó escozores en casi todos los candidatos, que no están acostumbrados al escrutinio público y el papel de la prensa les resulta molesto.

La campaña que acaba de terminar deja el saldo de siete periodistas agredidos de diferente manera por políticos, miembros de la seguridad de los candidatos y hasta por miembros de gremiales empresariales, según el registro agresiones que lleva la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES). Las embestidas van desde amenazas de cierre de medios, amenazas escritas en redes sociales, empujones seguidos de expresiones ofensivas, fueron hechas curiosamente, contra informadores de medios no tradicionales, que gozan de libertad e independencia para cuestionar a sus fuentes. Hay una ley de protección a periodistas que nadie cobijó.

Los agraviados pertenecen a medios comunitarios y a los periódicos digitales El Faro y Factum, lo que indica que los ataques fueron motivados por su ejercicio periodístico. Lo anterior es preocupante, pues en dos casos estuvo involucrada la seguridad de dos candidatos a la presidencia: Carlos Calleja y Nayib Bukele, durante actos públicos en los que eran entrevistados los candidatos; los demás fueron cometidos por alcaldes y otros políticos en campaña. El que estos hechos hayan sido cometidos frente a los ojos de los candidatos y no hayan podido controlarlo, es un indicativo de que avalaron el proceder de los elementos de su seguridad y del desprecio que sienten hacia la prensa que no es complaciente con ellos.

Otras tres agresiones fueron cometidas por alcaldes contra medios comunitarios de la zona occidental y paracentral del país, por el simple hecho de no soportar la crítica que fluye a través de estos medios. El ex alcalde de Tacuba, Joel Ramírez, amenazó con cerrar una radio porque la consideraba incómoda. Mientras que la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP, negó el ingreso a dos periodistas jóvenes que pretendían cubrir un evento donde estarían los candidatos presidenciales, porque parecían activistas sociales.

La Declaración de Principios sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que: “Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad”. Los candidatos, aunque todavía no son funcionarios públicos, sí aspiran a serlo y, además son personajes públicos; por tanto, no deben cerrarse al cuestionamiento de la prensa, de esa prensa que intenta hacer bien su trabajo en aras de servir mejor información al público, ejercitar la libertad de expresión y garantizar el derecho del ciudadano a estar informado, principalmente en tiempos de campaña proselitista.

La campaña mostró las tendencias autoritarias de algunos candidatos y políticos. La descalificación a periodistas, medios de comunicación y espacios de opinión críticos marcaron esa tendencia. Y en el peor de los casos, incitar a la violencia a través de las redes sociales. Ese juego que puede resultar peligroso si no se analiza a tiempo.

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