El escenario estatal que enfrentará Nayib

Fotografía por: Omar de La Cruz 

Por David Penado

Nayib Bukele es el nuevo presidente electo de El Salvador. Asumirá funciones el próximo 1 de junio, convirtiéndose en la cabeza al mando de uno de los tres poderes del estado.

Debido a la organización política de nuestro país, desde su trinchera, deberá ejercer sus labores de gobierno junto a los otros dos poderes del estado: Legislativo y Judicial.

¿Cómo se encuentran actualmente estos organismos con los que el presidente electo coactuará luego de asumir su mandato?

Asamblea Legislativa.

El órgano legislativo que asumió funciones en 2018 presenta una distribución fragmentada y sin mayorías claras.

Siendo el organismo que se encarga de dar iniciativa, y aprobar o rechazar los proyectos de leyes, su conformación política se vuelve un factor incidente en su funcionamiento.

En el órgano legislativo, pueden aprobarse leyes y decretos por mayoría simple (que requieren 43 votos a favor, la mitad más uno), y  por mayoría calificada (56 votos).

Actualmente, los 84 diputados que la conforman representan a 6 fuerzas políticas y uno de ellos se ubica en el pleno como diputado independiente.

La fracción que cuenta con más diputados es Alianza Republicana Nacionalista, con 37 (aproximadamente el 44%). Para lograr mayoría simple, necesitan contar con el apoyo de 6 diputados de otras fracciones en la toma de decisiones.

El FMLN, siendo el partido de oposición directa para la fracción mayoritaria, cuenta con 23 diputados (que sería aprox. el 27% de los curules). Su representación en el organismo parece no tener mayor fuerza, pero resulta crucial si las alianzas de la oposición resultan no ser suficientes para obtener la mayoría calificada.

Más aún, tomando en cuenta que la tercera fuerza legislativa, GANA, que cuenta con 10 diputados (Aprox. 11% de los puestos), ya se ha sumado en alianza en ocasiones a la bancada del partido de izquierda para generar contrapropuestas que se oponen a las de la fracción arenera.

Los partidos de menor representación (Partido Demócrata Cristiano (PDC), Partido de Conciliación Nacional (PCN), y Cambio Democrático (CD)), suman en total 13 diputados cada uno, estableciéndose así (aunque no siempre juntos) como una fuerza necesaria para lograr acuerdos y llevar negociaciones a culminación.

Una asamblea que puede presentar tantas variantes en cuanto a intenciones de voto y que permite tantas negociaciones puede influir mucho en la forma en que avancen las decisiones tomadas por el poder ejecutivo.

No han sido extraños los retrasos en las elecciones de cargos públicos que dependen de votaciones en la asamblea para realizarse, ni en la aprobación de proyectos de ley que requieren concensos de mayoría calificada.

Corte Suprema de Justicia.

El estado del órgano judicial con el que Bukele iniciará su gestión acaba de pasar un episodio turbulento.

El pasado 16 de noviembre fueron elegidos por la Asamblea Legislativa, luego de 124 días de retraso en el proceso, los nuevos magistrados para las salas de lo Constitucional (cuatro propietarios y cuatro suplentes) y de lo Civil (un propietario y un suplente).

La elección sufrió este retraso debido a los conflictos generados por las propuestas de las diferentes fracciones políticas que integran el órgano legislativo.

Los cambios en las propuestas y las negociaciones entre partidos políticos se extendieron por más de cuatro meses. Para esta elección se necesita mayoría calificada (56 votos).

La alianza entre los partidos ARENA, PCN y PDC sumaban 49 votos en total. Las otras bancadas principales en negociación, FMLN y GANA, sumaban 33. Esto generó una necesidad de negociación en cuya resolución tenían muy poca incidencia los 2 votos que suman juntos el diputado independiente y el de CD.

Pasados más de 4 meses de negociaciones y reuniones, la elección de los magistrados se realizó, no sin algunas cesiones por las partes involucradas en pro de resolver lo antes posible.

Esto podría ser un ejemplo de cómo la división existente en los órganos del Estado puede afectar la fluidez del ejercicio público, y de cómo los intereses de los involucrados también juegan un papel importante en la ejecución de políticas.

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